España vendió a Israel un 50% más de material de defensa que el admitido por Zapatero en el programa Tengo una pregunta para usted, que fijó en un millón de euros el comercio de España con el Estado hebreo.
Concretamente, Israel recibió de España en el primer semestre de 2008 material de defensa por un total de 1.551.933 euros, de los que, en su mayoría tenían como destinatario final a las Fuerzas Armadas.Estos datos se desprenden del último informe remitido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio al Congreso de los Diputados.
El 30% de las armas se venden a "destinos dudosos". Colombia, Egipto, Israel, Indonesia, Venezuela, paquistan y la India son algunos de los paises a los que España vende armas y donde "No se dan las garantias para asegurar que no se emplean en la violancion de derechos humanos y en la violacion del derecho internacional.
El gobierno incumple su propia ley de venta de armas y el Código de conducta de la Union europea ya que cifra en un 30% el volumen de venta de armas a paises donde reina la inestabilidad interna, la represion y donde se incumplen los acuerdos internacionales. El 70% restante de las transacciones van a parar a paises de la OTAN y de la UE.
jueves, 19 de febrero de 2009
NUEVA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CIE DE CAPUCHINOS EN MALAGA
En el pasado mes noviembre ya fue internada, deportada y desmembrada una familia de Sierra Leona junto a una niña de 4 años.La Coordinadora de Inmigrantes, junto a otras organizaciones prepara nuevas movilizaciones para exigir el cierre definitivo del CIE de Capuchinos.Joseph Morobo, de 28 años, e Iris Sharon, de 26 años, salieron de Sudan, su país natal, en 2006 emprendiendo el viaje hacia Europa con la intención de escapar de la miseria y procurarse un futuro mejor. En su duro camino atravesaron Chad, Libia, Argelia y finalmente Marruecos, donde nació su hijo, el pequeño Domino, de tan sólo 15 meses de edad.El pasado 30 de Enero llegaron en patera junto a otros inmigrantes subsaharianos a las costas de Motril (Granada) donde fueron detenidos por miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional. El lunes 2 de febrero fueron puestos a disposición judicial donde se decretó mediante un auto el internamiento de esta familia, incluido el bebé, en el CIE de Capuchinos (Málaga) a la espera de su expulsión. Esta primera decisión de internar en el CIE a una familia con un bebé de 15 meses supone de por sí una violación a los derechos humanos y a los derechos de la infancia. Según la ley, para internar a un menor junto a sus padres es necesario un informe favorable del Ministerio Fiscal y que el centro en cuestión cuente con un modulo familiar en óptimas condiciones.Todo lo contrario a lo que ocurre en el CIE de Capuchinos, tristemente famoso por las violaciones de derechos en su interior y por el pésimo estado de sus instalaciones, lo que ha producido innumerables denuncias por parte de las organizaciones sociales, el Defensor del Pueblo Andaluz e incluso el mismo Parlamento Europeo.Tras las denuncias y recursos presentados por organizaciones sociales, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Motril ha decretado separar al niño de sus padres y ponerlo bajo custodia del Servicio de Protección del Menor de la Junta de Andalucía, cometiendo una nueva injusticia sobre esta familia.Según informaciones recibidas, se espera que el próximo lunes el menor sea arrancado de los brazos de sus padres que podrían ser deportados en cualquier momento.Como Coordinadora de Inmigrantes de Málaga (CIM), basándonos en el procedimiento habitual aplicado a personas de origen subsahariano, podemos aseverar que la Embajada de Nigeria procederá en estos días a reconocer a Joseph e Iris, de origen Sudanés, como ciudadanos nigerianos, aplicando métodos a nuestro entender sin ningún rigor jurídico ni científico, soloa efectos de facilitar su deportación. Sudán es uno de los países con los que España no tiene firmados acuerdos de repatriación y en estos casos se ha vuelto frecuente que la embajada nigeriana acepte que ciudadanos de otros países subsaharianos sean deportados a Nigeria, donde son encarcelados o dejados a su suerte.Este cúmulo de injusticias es una muestra de las consecuencias de las inhumanas políticas migratorias que violan de forma sistemática los derechos humanos, llegando incluso a ingresar en un Centro de Internamiento a una familia junto a un bebé de 15 meses.El pasado mes de noviembre la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga denunció un hecho similar cuando Sony Benedu, su mujer y su pequeña Gift de 4 años fueron internados en capuchinos y luego deportados por separado a Nigeria pese a declararse naturales de Sierra Leona.La Coordinadora de Inmigrantes Málaga, junto a otras organizaciones sociales, viene reclamando desde hace años el cierre inmediato del CIE de Capuchinos, (petición que fue respaldada por el pleno del ayuntamiento de Málaga el pasado mes de noviembre) y de todos los centros de internamiento, oponiéndonos también, a la construcción de cualquier otro CIE, y a cualquier otra forma de detención para personas que no han cometido ningún delito.Barbaridades de este tipo son cometidas a diario en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), espacios opacos a la legalidad y verdaderos "Guantánamos Europeos", responsabilidad directa del Ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba.Ante esta nueva injusticia, la Coordinadora de Inmigrantes tiene planificadas diversas actuaciones:- Exigir la libertad inmediata de la familia internada en el CIE junto a su bebé de 15 meses y que le sean procurados los medios para su subsistencia.- De denuncia sobre las actuaciones de la subdelegación de gobierno de Granada - Denunciar a la Junta de Andalucía en caso de que el bebé sea separado forzosamente de su madre.- La denuncia pública del Ministerio del Interior por aceptar repatriaciones a Nigeria de ciudadanos nacidos en otros países africanos.- El cierre inmediato del CIE de Capuchinos y del conjunto de los Centros de Internamiento para extranjeros existentes en España.Coordinadora de Inmigrantes de Málaga (CIM)Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes (REDI)Málaga, 13 de febrero de 2009
DETENCIONES MASIVAS DE INMIGRANTES ¿LEGALIDAD O CACERÍA?
Hace unos días salio la noticia de un documento interno que ordena a policías de Madrid detener a un cupo semanal de extranjeros 'sin papeles'. Los marroquíes, prioritarios por “su expulsión barata”. Hoy Interior rectifica y dedice eliminar este sistema.
El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Policía y Guardia Civil, ha dictado una instrucción por la que excluye de los "objetivos numéricos" las infracciones a la Ley de Extranjería. De esta forma, Interior elimina los cupos semanales para detener inmigrantes por estancia irregular en función de la población de cada distrito.
Según la instrucción, los planes operativos de las distintas unidades policiales para combatir la inmigración ilegal "establecerán únicamente objetivos cualitativos, atendiendo prioritariamente a la problemática delincuencial que se produzca en determinadas zonas y periodos de tiempo".
Los policías que trabajan en las calles de Madrid habían estado recibiendo órdenes de sus superiores de elevar las cifras de detenidos con el arresto de un cupo semanal de extranjeros por encontrarse en situación irregular.
Según una nota interna a la que tuvo acceso Europa Press, cada comisaría tenía que detener semanalmente a un número determinado de irregulares en función de la población del distrito y si no lo consiguen, cruzar los límites de su ámbito de actuación y arrestar en otros distritos. "Extranjeros: en base a la población de cada distrito, hay que hacer un número de detenidos. Villa Vallecas, objetivo = 35. Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito", recogía una nota interna de la comisaría citada y que está fechada el pasado noviembre.
Fuentes policiales confirmaron que el resto de comisarías de Madrid habían recibido esa misma instrucción. Las órdenes impartidas sobre extranjeros procedían de una reunión de comisarios en la Jefatura Superior de Policía celebrada el 12 de noviembre de 2008.
En la nota, a través de la cual se trasladaban a los agentes de Villa de Vallecas las instrucciones recibidas en esa reunión, se incluyen las pautas para actuar tras la detención: "Hay que ser selectivos a la hora de pedir CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros)", recogía el documento. Si un extranjero no tiene documentación en regla para residir en el Estado es conducido a comisaría, donde se le incoa un expediente de expulsión.
A continuación, debería ser trasladado al CIE hasta que se tramita dicha expulsión, pero la saturación de estos centros hace que habitualmente queden en libertad con el expediente de expulsión en el bolsillo.
Prioridad: los marroquíes
En este sentido, la nota citada recomendaba dar prioridad para enviar al CIE a los marroquíes, ya que en el plazo máximo de internamiento de 40 días que marca la Ley -el Gobierno ya ha anunciado que se ampliará a 60-, se pueden realizar los trámites de repatriación con Rabat y el coste es asumible, al realizarse la mayor parte del traslado por carretera. "Marruecos, prioritario (Se expulsan porque la mayoría del traslado se hace por carretera y se documentan bien. Bolivia, no se expulsan en la actualidad. Capacidad de plazas en vuelo, limitadas)", se afirmaba en el documento. Recientemente, han sido los propios policías, a través de sus sindicatos, los que se han quejado a sus superiores por este tipo de instrucciones y han exigido una "clarificación legal" sobre determinadas órdenes, como las que obligaban a realizar identificaciones "masivas e indiscriminadas sin ninguna razón de sospecha sobre determinadas personas, por ser jóvenes, por transitar por determinada zona o por ser de origen extranjero".
El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Policía y Guardia Civil, ha dictado una instrucción por la que excluye de los "objetivos numéricos" las infracciones a la Ley de Extranjería. De esta forma, Interior elimina los cupos semanales para detener inmigrantes por estancia irregular en función de la población de cada distrito.
Según la instrucción, los planes operativos de las distintas unidades policiales para combatir la inmigración ilegal "establecerán únicamente objetivos cualitativos, atendiendo prioritariamente a la problemática delincuencial que se produzca en determinadas zonas y periodos de tiempo".
Los policías que trabajan en las calles de Madrid habían estado recibiendo órdenes de sus superiores de elevar las cifras de detenidos con el arresto de un cupo semanal de extranjeros por encontrarse en situación irregular.
Según una nota interna a la que tuvo acceso Europa Press, cada comisaría tenía que detener semanalmente a un número determinado de irregulares en función de la población del distrito y si no lo consiguen, cruzar los límites de su ámbito de actuación y arrestar en otros distritos. "Extranjeros: en base a la población de cada distrito, hay que hacer un número de detenidos. Villa Vallecas, objetivo = 35. Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito", recogía una nota interna de la comisaría citada y que está fechada el pasado noviembre.
Fuentes policiales confirmaron que el resto de comisarías de Madrid habían recibido esa misma instrucción. Las órdenes impartidas sobre extranjeros procedían de una reunión de comisarios en la Jefatura Superior de Policía celebrada el 12 de noviembre de 2008.
En la nota, a través de la cual se trasladaban a los agentes de Villa de Vallecas las instrucciones recibidas en esa reunión, se incluyen las pautas para actuar tras la detención: "Hay que ser selectivos a la hora de pedir CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros)", recogía el documento. Si un extranjero no tiene documentación en regla para residir en el Estado es conducido a comisaría, donde se le incoa un expediente de expulsión.
A continuación, debería ser trasladado al CIE hasta que se tramita dicha expulsión, pero la saturación de estos centros hace que habitualmente queden en libertad con el expediente de expulsión en el bolsillo.
Prioridad: los marroquíes
En este sentido, la nota citada recomendaba dar prioridad para enviar al CIE a los marroquíes, ya que en el plazo máximo de internamiento de 40 días que marca la Ley -el Gobierno ya ha anunciado que se ampliará a 60-, se pueden realizar los trámites de repatriación con Rabat y el coste es asumible, al realizarse la mayor parte del traslado por carretera. "Marruecos, prioritario (Se expulsan porque la mayoría del traslado se hace por carretera y se documentan bien. Bolivia, no se expulsan en la actualidad. Capacidad de plazas en vuelo, limitadas)", se afirmaba en el documento. Recientemente, han sido los propios policías, a través de sus sindicatos, los que se han quejado a sus superiores por este tipo de instrucciones y han exigido una "clarificación legal" sobre determinadas órdenes, como las que obligaban a realizar identificaciones "masivas e indiscriminadas sin ninguna razón de sospecha sobre determinadas personas, por ser jóvenes, por transitar por determinada zona o por ser de origen extranjero".
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