La directiva del retorno de inmigrantes redactada por el Consejo Europeo el pasado 18 de junio, acuñada como "directiva de la vergüenza" modifica los procedimientos de repatriación para aquellos inmigrantes que viven en situación irregular en los países de la Unión Europea.
Entre los cambios más polémicos está el que permite a los Estados la reclusión forzosa en centros de inmigrantes por un plazo de 18 meses sin necesidad de dictamen judicial.
Además, certifica que ante la falta de centros puedan ser ingresados en prisiones.
Esta política convierte a Europa en una fortaleza contra la inmigración irregular, a la que además se califica como ilegal. La nueva directiva permitirá también a las autoridades que deporten a personas menores de edad no acompañados o, incluso, su expulsión a terceros países (aunque no sean el de origen). Además, establece que una vez que los inmigrantes irregulares hayan sido expulsados no puedan regresar al país durante cinco años.
Adjuntamos a continuacion la Declaracion a la que la Red Humanista por los derechos humanos adhirio:
DECLARACIÓN PÚBLICA
¡ La Unión Europea AGITA la bandera de la XENOFOBIA y el RACISMO ¡
Teniendo en cuenta que el Consejo de la UE ha decidido aprobar la Directiva de Retorno que establece un plazo máximo de detención de los/las inmigrantes “sin papeles” de hasta 18 meses, permite que sea una autoridad administrativa, y no exclusivamente un juez, la que decida la detención de los inmigrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros CIEs antes de proceder a expulsarlos, y que establece también la detención de menores no acompañados,
DECLARAMOS
1. Preparándose para la crisis que sabían impostergable, los estados de la UE prepararon desde el 2005 un expeditivo procedimiento (Directiva de Retorno) para quitarse de encima los/las inmigrantes que les sobran para mantener los costes salariales suficientemente bajos que necesita la “competitividad de la economía europea”. El derecho a la libre circulación de las personas(migración), tan enfáticamente consagrado por la UE y sus Estados en tantas ocasiones, queda reducido así a una simple autorización administrativa discrecionalmente concedida en función de las variables necesidades de ganancia y acumulación del capitalismo europeo.
2. El triángulo de poder Sarkozy- Merkel-Berlusconi orienta la política de inmigración europea en una dirección claramente regresiva y exacerban la obsesión securitaría de esta época de crisis, encontrando en los/las inmigrantes el pretexto que necesitan para experimentar el recorte de libertades contra el conjunto de los derechos ciudadanos. Somos los/las inmigrantes los chivos expiatorios de las funestas políticas económicas y sociales que afectan al conjunto de la población.
3. La locura racista y xenófoba desatada en Italia con la complicidad –si no la inducción-del Estado, recuerda una época de la historia de Europa que creíamos superada para siempre, la época de los pogroms, de las detenciones arbitrarias, de los campos de concentración.
4. Los 280 centros de internamiento actualmente existentes en suelo europeo pueden ampliarse y extenderse allende las fronteras como de hecho ya ocurre con el concurso de gobiernos comprados para ejercer funciones de carceleros a las puertas de la “Fortaleza Europa”.
5. El periodo de internamiento aprobado, junto con los procedimientos administrativos de detención sin control judicial, representan el más grave atentado al Estado de Derecho en Europa desde los tiempos en que un decreto de Hitler autorizó a detener, deportar y aniquilar a millones de personas bajo la dominación nazi-fascista.
6. Es falaz el argumento del Gobierno español cuando dice que se trata de una norma de máximos que no le obliga a llegar a esos topes. Ya se anuncia la elevación del tiempo de estancia a 60 días pero,¿alguien puede dudar que este ó cualquier otro gobierno, si lo considera conveniente, va a dejar de utilizar esta cobertura comunitaria para extremar las medidas de internamiento y expulsión, por cierto promovidas en la anterior legislatura , entre otros por CiU, al parecer socio preferente en la actual legislatura?, ¿no van en ese sentido las declaraciones de la Secretaria de Estado para la Inmigración y la Emigración, Consuelo Rumí, considerando la directiva equilibrada y con garantías?.
Ante esta agresión a la dignidad humana, a las libertades políticas y a los derechos fundamentales de las personas migrantes, las organizaciones abajo firmantes,
MANIFESTAMOS:
1.- Nuestro mas enérgico rechazo a la indignante y regresiva directiva de la Unión Europea y a las leyes facistoides del gobierno de Berlusconi.
2.- Nuestra solidaridad con los/las inmigrantes y refugiados residentes en Italia a quienes llamamos a unir esfuerzos en la lucha por los derechos de los y las inmigrantes y contra la Directiva de la Vergüenza.
3.- Convocar a las organizaciones de inmigrantes y refugiados y al movimiento social reivindicativo a una Jornada Estatal contra esta Directiva, el cierre de los Centros de Internamientos y la garantía de plenos derechos para todos las personas residentes en el Estado español y la Unión Europea.
4.- Llamamos a las organizaciones democráticas y progresistas españolas a pronunciarse y movilizarse en contra de esta directiva, y a la adhesión de esta Declaración.
5.- Instamos a los gobiernos, partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales de los países de origen de los/las migrantes residentes en España y la Unión Europea a pronunciarse contra esta política que conculca derechos fundamentales, agita la bandera de la xenofobia y el racismo y criminaliza el derecho humano de libre circulación de las personas, consagrado en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
viernes, 4 de julio de 2008
La Eurocámara aprueba la directiva de la vergüenza
El pleno rechaza que el plazo de retención de sin papeles se reduzca de 18 a seis meses. La presión de los 27 ha pesado más que la de 40 mandatarios latinoamericanos y africanos.
La directiva de retorno, con la que la UE quiere poner fin con mano de hierro a las zonas grises legales en las que viven ocho millones de inmigrantes en Europa, superó ayer su escollo más decisivo. Sólo resta que el Consejo la apruebe en julio. El Parlamento Europeo dio su visto bueno a la postura acordada por los 27 Estados miembros, que establece criterios comunes para la expulsión y retención de inmigrantes hasta 18 meses por decisiones administrativas. Los países tienen dos años para adaptar su legislación y para iniciar la expulsión de todos los sin papeles, que no podrán regresar a la UE en cinco años.
El Parlamento no forzó una nueva negociación del texto, ya que no se aprobó ninguna de las enmiendas presentadas por el grupo socialista. Así, dio por bueno, por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones, el compromiso que los ministros de Interior de los 27 acordaron el 5 de junio.
Enmiendas rechazadas
Estas enmiendas, en palabras del socialista Javier Moreno, querían acercar la norma a los Estados más garantistas de la Unión, como España. Así, suavizaban algunos puntos polémicos como el plazo de retención temporal, que se reducía de los 18 meses hasta un máximo de 6. Igualmente, la Cámara rechazó fijar un máximo de 72 horas para el control judicial de la decisión administrativa de internamiento, y que también propuso la Comisión. En su lugar, la nueva directiva simplemente indica que se debe realizar tan pronto como sea posible.
Durante el debate celebrado en la Eurocámara el pasado martes, el Consejo ya advirtió a los eurodiputados que la aprobación del más mínimo cambio en el compromiso, negociado durante más de dos años y medio entre los países miembros, traería grandes consecuencias y retrasaría al menos otros tres años la aprobación de la directiva.
Protestas en vano
Los avisos de los 27 pesaron sobre los eurodiputados más que las presiones de mandatarios latinoamericanos y africanos, ONG, el Consejo de Europa y diversos colectivos, quienes solicitaron dar marcha atrás al documento. Tampoco sirvieron las llamadas del eurodiputado italiano Giusto Catania, de Izquierda Unida Unitaria, a la dignidad del Parlamento frente al Consejo, quien señaló que sólo quiere activar los 676 millones del Fondo Europeo para el Retorno. De hecho, los países presionaron para aprobar la nueva directiva en primera lectura y poder contar con estos fondos para expulsar a los inmigrantes.
El diputado español Willy Meyer criticó que esta es la aportación de la Vieja Europa, la Europa de los valores a la hambruna del siglo XXI y que va a suponer la deportación de ocho millones de personas sin garantías.
Sin embargo, para sus defensores, la normativa establecerá unos criterios comunes en los Estados miembros que protegerán también los derechos de los sin papeles, al darles una cobertura legal. En conversación con Público, el diputado que negoció el compromiso con el Consejo, Manfred Weber, recordó que hay Estados en los que no hay periodo máximo de detención, como sucede con siete países de la Unión (Dinamarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Países Bajos, Reino Unido y Suecia). En España, el plazo máximo de detención es de 40 días.
Inmigración regular
Además, Weber avisó de que esta directiva es sólo uno de los pilares de una política global de inmigración que debe abarcar también la inmigración legal, a través de la llamada tarjeta azul, y otras iniciativas que la Comisión debe impulsar para proteger los derechos de los inmigrantes documentados. Por otra parte, los menores de edad no acompañados podrán ser repatriados siempre que en su país de origen les espere una familia o exista un centro de acogida.
BRUSELAS - 19/06/2008
La directiva de retorno, con la que la UE quiere poner fin con mano de hierro a las zonas grises legales en las que viven ocho millones de inmigrantes en Europa, superó ayer su escollo más decisivo. Sólo resta que el Consejo la apruebe en julio. El Parlamento Europeo dio su visto bueno a la postura acordada por los 27 Estados miembros, que establece criterios comunes para la expulsión y retención de inmigrantes hasta 18 meses por decisiones administrativas. Los países tienen dos años para adaptar su legislación y para iniciar la expulsión de todos los sin papeles, que no podrán regresar a la UE en cinco años.
El Parlamento no forzó una nueva negociación del texto, ya que no se aprobó ninguna de las enmiendas presentadas por el grupo socialista. Así, dio por bueno, por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones, el compromiso que los ministros de Interior de los 27 acordaron el 5 de junio.
Enmiendas rechazadas
Estas enmiendas, en palabras del socialista Javier Moreno, querían acercar la norma a los Estados más garantistas de la Unión, como España. Así, suavizaban algunos puntos polémicos como el plazo de retención temporal, que se reducía de los 18 meses hasta un máximo de 6. Igualmente, la Cámara rechazó fijar un máximo de 72 horas para el control judicial de la decisión administrativa de internamiento, y que también propuso la Comisión. En su lugar, la nueva directiva simplemente indica que se debe realizar tan pronto como sea posible.
Durante el debate celebrado en la Eurocámara el pasado martes, el Consejo ya advirtió a los eurodiputados que la aprobación del más mínimo cambio en el compromiso, negociado durante más de dos años y medio entre los países miembros, traería grandes consecuencias y retrasaría al menos otros tres años la aprobación de la directiva.
Protestas en vano
Los avisos de los 27 pesaron sobre los eurodiputados más que las presiones de mandatarios latinoamericanos y africanos, ONG, el Consejo de Europa y diversos colectivos, quienes solicitaron dar marcha atrás al documento. Tampoco sirvieron las llamadas del eurodiputado italiano Giusto Catania, de Izquierda Unida Unitaria, a la dignidad del Parlamento frente al Consejo, quien señaló que sólo quiere activar los 676 millones del Fondo Europeo para el Retorno. De hecho, los países presionaron para aprobar la nueva directiva en primera lectura y poder contar con estos fondos para expulsar a los inmigrantes.
El diputado español Willy Meyer criticó que esta es la aportación de la Vieja Europa, la Europa de los valores a la hambruna del siglo XXI y que va a suponer la deportación de ocho millones de personas sin garantías.
Sin embargo, para sus defensores, la normativa establecerá unos criterios comunes en los Estados miembros que protegerán también los derechos de los sin papeles, al darles una cobertura legal. En conversación con Público, el diputado que negoció el compromiso con el Consejo, Manfred Weber, recordó que hay Estados en los que no hay periodo máximo de detención, como sucede con siete países de la Unión (Dinamarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Países Bajos, Reino Unido y Suecia). En España, el plazo máximo de detención es de 40 días.
Inmigración regular
Además, Weber avisó de que esta directiva es sólo uno de los pilares de una política global de inmigración que debe abarcar también la inmigración legal, a través de la llamada tarjeta azul, y otras iniciativas que la Comisión debe impulsar para proteger los derechos de los inmigrantes documentados. Por otra parte, los menores de edad no acompañados podrán ser repatriados siempre que en su país de origen les espere una familia o exista un centro de acogida.
BRUSELAS - 19/06/2008
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